Los últimos dos meses, muy en particular las nuevas gestiones de búsqueda por una declaratoria de sostenibilidad Ramsar para la cuenca del Lago de Tota, han creado un debate sobre dignidad y protección de la honra y buen nombre, en razón a que la ONG Fundación Montecito fue señalada por ciertos actores del territorio, como "enemiga acérrima de los habitantes de la cuenca". Y del tema cursa actualmente un análisis constitucional en sede de tutela, en segunda instancia.
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| Cuenca del Lago de Tota - Fuente: abctota.org/fotos |
Es claro para ésta causa que, no se trata solamente de hostilidad contra ésta ONG, sino, en razón a su rol visible como integrante de la participación cívica en los debates, es contra todo el grupo de actores, aliados, académicos, investigadores, pensadores y seguidores de las gestiones de gobernanza que, a lo largo de estos casi diez años de la Causa Tota, se han compartido y debatido hombro-a-hombro en diversos escenarios -todos ellos públicos-, una de tales bien conocida es justamente la búsqueda de una declaratoria Ramsar para éste territorio (ver detalles) - sobre lo cual han corrido múltiples pronunciamientos desde un sinnúmero de actores locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, una porción de ellos residentes o vinculados directamente a la cuenca por razón de sus sectores o actividades, otros desde variadas orillas en ejercicio cívico superior y constitucional como defensores del patrimonio natural de la Nación (art. 8 CN - aquí), o incluso del mundo (Principio 7 Declaración de Río 1992 - aquí).
Dicha hostilidad, ha sido manifiesta no solamente con aquel infame señalamiento hecho por escrito ante cuatro destinatarios (Ministro de Ambiente, Ministro de Agricultura, Director de Corpoboyacá, y Directora de WWF Colombia), sino que, se ha agravado mediante la mal-intencionada justificación* que de ello han pretendido, al tergiversar por completo el pensamiento crítico y la búsqueda de sostenibilidad, como si esto fuera sinónimo de ataques, intenciones de destierro, daño a comunidades locales, y otra serie de absurdos así consignados en los debates de tutela. Asimismo, mediante la inusitada tesis de que "actores del territorio" son solamente los que lo habitan, y que por tanto todo aquel externo o no-residente debe ser poseedor de un "poder" de aquellos para intervenir - dicho mejor, con la tesis de que lo público puede apropiarse como privado por sus vecinos inmediatos o quienes lo usan (o abusan) de cerca.
*Veamos la forma como se entiende el significado de una declaratoria de sostenibilidad Ramsar, en la justificación que plantean los ofensores: “... esta clasificación internacional de los humedales llevará a que las actividades económicas tradicionales de la cuenca del Lago de Tota sean paulatinamente eliminadas... lo cual afectará irremediablemente a la población de la cuenca... no dejándoles otra opción que emigrar”. Quien lo afirma, presume como gran conocedor de la historia, normas aplicables y realidades del Lago de Tota. Y al así decirlo, naturalmente se pretende inducir a grave error con la creencia y mal-querencia que aquellos en busca de una declaratoria Ramsar para el Lago de Tota, buscarían justamente eso: eliminar actividades tradicionales, afectar a la población, y forzarla a emigrar.
En medio de ese lesivo panorama de inventos y falsos argumentos, se está exponiendo el trabajo de dicha ONG, ante comunidades locales y ante destinatarios como los citados. Con la gravedad y rechazo que semejante tergiversación podría despertar, especialmente en comunidades ingenuas al tema, no informadas y fácilmente susceptibles de influencia por superiores comunales o jerárquicos en grupos sociales humildes.
Y así, con algunos actores locales que consideran privado lo que es público y pretenden situar como enemigos a quienes buscan sostenibilidad y respeto del patrimonio común para bien de todos, se viene escribiendo una nueva página -muy desafortunada- de obstáculos infundados para el cuidado de nuestra cuenca, dejando en medio daños morales innecesarios que no ayudan en lo absoluto en la necesaria construcción de acuerdos sociales.
No obstante todo lo cual, queda siempre la esperanza de que prime la sensatez y la solidaridad sobre lo que es justo, y de todo ello puedan surgir lecciones y aprendizajes importantes, para fortalecer bases éticas de la gobernanza y contribuir en la construcción de una mejor sociedad, más culta, formada, tolerante y decente en el manejo de nuestras diferencias.
Enlace de contexto:
En Defensa de la Dignidad - Acción de Tutela No. 2019-00045 https://t.co/2N5pAVaUqE pic.twitter.com/TEbGaayNMv— Fundación Montecito (@FMontecito) 17 de agosto de 2019
