B7D - 24/sep 2018 |
Y en el contenido de su reporte, se detalla cómo en las administraciones municipales de Luis Francisco Cardozo (2007) y Silverio Montaña (2008-2011), se habría cometido un gravísimo desfalco a las finanzas públicas dedicadas al saneamiento básico de la comunidad rural, tasado a la fecha en suma cercana a los $7.000 millones (siete mil millones de pesos).
El tema se refiere a los convenios inter-administerativos No. 004 (obra) y 005 (interventoría) del año 2007, y a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República No. UCC-PRF 081 de 2013 (ver PDF)*, que involucró como presuntos responsables fiscales a las siguientes personas:
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1. Luis Francisco Cardozo Montaña, Alcalde Aquitania en el período 01/ene al 31/dic 2007.
2. Silverio Montaña Montaña, Alcalde Aquitania período 01/ene 2008 al 31/dic 2011.
3. Edwin Farley Pérez Chaparro, Secretario de Planeación Aquitania 01/ene al 31/dic 2007.
4. Fabián Mauricio Santos Fonseca, Sec. Planeación Aquitania 01/ene al 06/nov 2008.
5. Edwin Efrén Rodríguez Riveros, Sec. Planeación Aquitania 13/nov 2008 al 31/dic 2011.
6. Camilo Mauricio Daza Daza, suscriptor del convenio inter-administrativo No. 004 de 2007.
7. Martha Neyla Bonilla Cruz, suscriptora del convenio inter-administrativo No. 005 de 2007.
8. Reinaldo Rodríguez Reina, Director de Interventoría convenio inter-administrativo 004/2007.
Asimismo, proceso dentro del cual se determinó vincular como tercero civilmente responsable a la firma aseguradora Seguros CONDOR S.A. en virtud de la expedición de unas pólizas asociadas al caso.
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Al margen del reporte periodístico y la revisión documental conocida sobre el tema, solo podemos señalar con profunda tristeza cómo la administración municipal de aquellos años en el municipio de Aquitania que mayor territorio tiene en la cuenca del Lago de Tota, se habría convertido en un actor de vergonzoso comportamiento en el manejo de las referidas finanzas públicas, en detrimento no solamente del patrimonio de la Nación, sino del bienestar de las comunidades rurales que estuvieron llamadas a recibir los beneficios de aquellos convenios (frustradas sus expectativas), y del bienestar territorial por razón del saneamiento básico al que se orientaban los mismos, también frustrado.
La justicia y los entes de control, están mostrando resultados y ojalá incrementen su accionar. Que todo esto sirva en el aprendizaje que la gobernabilidad construye solo cuando se basa en principios de transparencia y pulcritud en el manejo del patrimonio público y la confianza ciudadana... de lo contrario, daña y destruye el patrimonio y las esperanzas de la sociedad.
*Documentación relacionada:
- Apertura del proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República No. UCC-PRF 081 de 2013 - Ver/descargar PDF.